El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha extendido un embargo sobre las importaciones de alimentos occidentales hasta finales de 2021, en una medida que supondrá un golpe para los exportadores de la UE que esperan recuperar un punto de apoyo en el mercado.
El embargo se introdujo en 2014 después de que la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia condujera a sanciones que Bruselas renovó por otros seis meses a fines de junio.
La UE se ha negado a reconocer la anexión rusa de Crimea en marzo de 2014 y ha condenado el apoyo de Moscú a los separatistas que controlan partes del este de Ucrania que limitan con Rusia como una violación del derecho internacional.
Las sanciones occidentales han afectado a todas las partes de la economía rusa y eso, combinado con la caída de los precios del petróleo, ayudó a empujar al país a la recesión más larga desde que Putin asumió el poder en 2000.
El embargo ruso afectó duramente a los sectores de productos frescos en numerosos países europeos, y muchas naciones dependen en gran medida del mercado ruso. Entre los países más afectados se encontraba Polonia, el mayor exportador de manzanas del mundo, que envió principalmente a Rusia, países de Europa del Este y España.
El embargo también tiene graves repercusiones en el mercado europeo, lo que genera situaciones de sobreoferta y precios bajos, y los productores y exportadores se apresuran a encontrar mercados alternativos para sus productos.
Las autoridades rusas han insistido en que las sanciones le han permitido desarrollar sus industrias nacionales, incluida la agricultura, gracias a subsidios sustanciales.
Los críticos afirman que el embargo es, en realidad, una medida proteccionista destinada a proteger el mercado de alimentos agrícolas de Rusia, incapaz de competir con las exportaciones occidentales.
De hecho, muchos productores rusos quieren que la prohibición de Occidente se prolongue el mayor tiempo posible.
La primera vez que Rusia impuso este embargo alimentario, que se extiende anualmente, fue en agosto de 2014 contra la UE, EE. UU., Australia, Noruega y Canadá, a lo que posteriormente sumó Albania, Montenegro, Islandia y Liechenstein en 2015, y en 2016 agregó Ucrania.
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